A la causa penal que se instruye sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en la que se investiga el presunto cobro de comisiones irregulares a cargos vinculados al Gobierno en la venta de edificios públicos le ha surgido una ramificación distinta. Y este nuevo escándalo salpica de lleno a la exvicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero.
Fuentes de la investigación ha entrevistado en exclusiva a un empresario que se dedica a la intermediación en operaciones de compra y venta de grandes propiedades, quien revela las presuntas prácticas corruptas que rodearon los primeros intentos de enajenación del complejo de María de Molina 50 en Madrid, la considerada entonces «joya de la corona» del patrimonio inmobiliario del Ministerio de Hacienda.
El testigo, que prefiere no desvelar su identidad por miedo a que esta revelación le pase factura en su vida profesional, asegura de forma tajante que en 2021 se le exigió el pago de una comisión del 3% destinada expresamente a «un primo de la ministra Montero» si quería adquirir el edificio de María de Molina 50. Esta exigencia económica fue una condición sine qua non impuesta para poder avanzar en la venta del codiciado inmueble ministerial.
En aquel momento, a este intermediario y a su socio de negocios la propuesta les pareció sumamente extraña. Según relatan a este periódico, se preguntaron abiertamente en el año 2021 —cuando comenzaron las negociaciones para la venta de este demandado edificio— por qué una persona ajena, «por el artículo 33», se tenía que llevar porque sí una comisión por la venta cuando no había efectuado ninguna labor previa de intermediación ni de captación de clientes. Sin embargo, a pesar de la sorpresa inicial, en un primer momento decidieron no darle mayor importancia al asunto, intentando buscar una explicación lógica dentro del sector. Los profesionales elucubraron que quizás existía realmente un primo de la ministra de Hacienda que se dedicase de manera habitual a las labores de intermediación inmobiliaria y que ella, por algún motivo personal, le quisiese ayudar en sus negocios privados.
No obstante, ese requerimiento draconiano se convirtió en la razón clave por la que los candidatos desecharon de manera directa la oferta de compra. Los intermediarios explican que no estaban dispuestos a pedirles a sus clientes inversores un 6% total de comisión, que se desglosaba en un 3% para el ‘primo’ de la ministra y otro 3% para sus propios honorarios profesionales. La singularidad de esta operación radicaba en que, al tratarse de la enajenación de un edificio público, quien debía abonar los honorarios de intermediación era obligatoriamente el comprador y no el vendedor, una práctica habitual cuando se negocia con la Administración del Estado. El testigo subraya que los interlocutores ni siquiera les dieron la opción de negociar un reparto equitativo, como un 1,5% de comisión para cada una de las partes. Por el contrario, les impusieron de forma unilateral la cifra del 3% sin ningún tipo de margen de flexibilidad o contraoferta.
