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Nueva polémica alrededor de Facua. La asociación de consumidores, dirigida por Rubén Sánchez como su portavoz, vuelve a verse salpicada por la documentación publicada por La Razón, que apunta a presuntas irregularidades en la facturación de la empresa Concepto 19 Comunicación e Imagen, vinculada al propio Sánchez y a UGT Andalucía.

La información sostiene que el sindicato presentó ante la Junta de Andalucía una factura de 10.666,04 euros correspondiente a un supuesto material de difusión que, según un correo interno posterior del propio sindicato, nunca llegó a realizarse. Ese intercambio de mensajes, incorporado a la documentación publicada, señala expresamente que sobre el «Servicio de Defensa Legal… tampoco se ha hecho nada», pese a que la factura ya había sido presentada ante la Administración.

Lejos de aclarar la situación, los correos revelan que la solución planteada consistía en compensar esos importes con futuros trabajos, una práctica que vuelve a poner el foco sobre la gestión de fondos públicos y sobre la estrecha relación comercial entre Concepto 19 y UGT Andalucía.

Rubén Sánchez aceptó esa propuesta mediante un correo en el que respondía: «OK, descontamos las cantidades a cuenta del importe de la revista», reconociendo además que buena parte de esos importes permanecían «a cuenta» del sindicato.

La documentación también apunta a la aplicación de descuentos comerciales sobre operaciones financiadas con subvenciones públicas, una circunstancia que ha generado nuevas críticas por la utilización de dinero procedente de la Junta de Andalucía.

Este episodio vuelve a alimentar las dudas sobre la gestión de determinadas organizaciones subvencionadas y reabre el debate sobre el control que las administraciones ejercen sobre el destino del dinero de los contribuyentes.

Un excomisario jefe de Investigación de la Policía Nacional llamado Luis Mayandía ha desvelado en el programa Código 10 que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende regularizar, en realidad, con el paso del tiempo, a seis millones de inmigrantes ilegales.

Mayandía, comisario principal de la Policía Nacional y hasta hace apenas un mes jefe de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades (UCRIF), rompió su silencio en el espacio de Cuatro presentado por Nacho Abad y David Alemán.

Durante su intervención, el ex alto cargo policial cuestionó abiertamente las cifras oficiales que el Ejecutivo ha manejado hasta ahora. Mientras el Gobierno ha hablado públicamente de regularizaciones en torno al medio millón o, como mucho, un millón y medio de personas, Mayandía aseguró que la cifra real de solicitantes y afectados por la política migratoria actual es mucho mayor.

Según lo expuesto en el programa, la estrategia del Ejecutivo no se limitaría a una regularización puntual, sino que, con el paso del tiempo y mediante sucesivas medidas, podría acabar regularizando a seis millones de inmigrantes en situación irregular. El excomisario señaló que España podría sumar más de seis millones de personas en sólo unos años como consecuencia directa de estas políticas.

Nacho Abad resumió las declaraciones de forma contundente en el plató: «Ni medio millón ni millón y medio. Según desveló el ex comisario jefe de Inmigración, el Gobierno de Pedro Sánchez podría haber decidido regularizar con el tiempo a 6 millones de inmigrantes».

A la causa penal que se instruye sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en la que se investiga el presunto cobro de comisiones irregulares a cargos vinculados al Gobierno en la venta de edificios públicos le ha surgido una ramificación distinta. Y este nuevo escándalo salpica de lleno a la exvicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero. 

Fuentes de la investigación ha entrevistado en exclusiva a un empresario que se dedica a la intermediación en operaciones de compra y venta de grandes propiedades, quien revela las presuntas prácticas corruptas que rodearon los primeros intentos de enajenación del complejo de María de Molina 50 en Madrid, la considerada entonces «joya de la corona» del patrimonio inmobiliario del Ministerio de Hacienda.

El testigo, que prefiere no desvelar su identidad por miedo a que esta revelación le pase factura en su vida profesional, asegura de forma tajante que en 2021 se le exigió el pago de una comisión del 3% destinada expresamente a «un primo de la ministra Montero» si quería adquirir el edificio de María de Molina 50. Esta exigencia económica fue una condición sine qua non impuesta para poder avanzar en la venta del codiciado inmueble ministerial.

En aquel momento, a este intermediario y a su socio de negocios la propuesta les pareció sumamente extraña. Según relatan a este periódico, se preguntaron abiertamente en el año 2021 —cuando comenzaron las negociaciones para la venta de este demandado edificio— por qué una persona ajena, «por el artículo 33», se tenía que llevar porque sí una comisión por la venta cuando no había efectuado ninguna labor previa de intermediación ni de captación de clientes. Sin embargo, a pesar de la sorpresa inicial, en un primer momento decidieron no darle mayor importancia al asunto, intentando buscar una explicación lógica dentro del sector. Los profesionales elucubraron que quizás existía realmente un primo de la ministra de Hacienda que se dedicase de manera habitual a las labores de intermediación inmobiliaria y que ella, por algún motivo personal, le quisiese ayudar en sus negocios privados.

No obstante, ese requerimiento draconiano se convirtió en la razón clave por la que los candidatos desecharon de manera directa la oferta de compra. Los intermediarios explican que no estaban dispuestos a pedirles a sus clientes inversores un 6% total de comisión, que se desglosaba en un 3% para el ‘primo’ de la ministra y otro 3% para sus propios honorarios profesionales. La singularidad de esta operación radicaba en que, al tratarse de la enajenación de un edificio público, quien debía abonar los honorarios de intermediación era obligatoriamente el comprador y no el vendedor, una práctica habitual cuando se negocia con la Administración del Estado. El testigo subraya que los interlocutores ni siquiera les dieron la opción de negociar un reparto equitativo, como un 1,5% de comisión para cada una de las partes. Por el contrario, les impusieron de forma unilateral la cifra del 3% sin ningún tipo de margen de flexibilidad o contraoferta.

La Policía Nacional ha detectado cientos de casos de inmigrantes ilegales llegados en pateras que portaban documentación falsa expresamente preparada para acogerse a la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno. Fuentes de la Unidad Central Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras consultadas por LA GACETA aseguran que lo detectado hasta ahora es solo «la punta del iceberg».

Los agentes consultados por LA GACETA y que han formado parte del proceso en los últimos meses han sido testigos de cómo muchos de estos inmigrantes llevaban encima pasaportes fraudulentos, documentos de identidad alterados y, sobre todo, una batería de papeles fabricados para acreditar una presencia en España que en numerosos casos nunca existió. «Cuando los entrevistábamos muchos llevaban papeles encima de dudosa veracidad para justificar aquí su residencia», explican los efectivos de Extranjería y Fronteras.

Las mafias de tráfico de personas aprovecharon el anuncio de la regularización masiva para montar un negocio paralelo. «Han estado suministrando incluso en origen la documentación falsa a quienes decidían subirse a una patera», aseguran los agentes consultados. Facturas de gas, líneas telefónicas, contratos de alquiler inventados e incluso tickets de restaurantes y recibos de bares se distribuían en las propias embarcaciones o antes de zarpar para simular arraigo. «En algunos casos, los inmigrantes llegaban directamente con estas ‘pruebas’ preparadas desde sus países de origen o desde terceros países de la UE».

El empresario y expresidente del Club Deportivo Badajoz, Joaquín Parra, ha declarado este miércoles como testigo en la Audiencia Nacional ante el juez Santiago Pedraz. Durante su comparecencia, ha ratificado que la «fontanera» Leire Díez le pidió información sobre jueces, fiscales, guardias civiles y el Partido Popular a cambio de recibir ayuda en sus causas judiciales, asegurando que ella decía hablar en nombre del Gobierno.

Según indica Canal Extremadura, Parra ha confirmado que Díez le dijo expresamente que «venía de parte del Gobierno» y que estaba «buscando mierda» sobre el PP y la judicatura de Badajoz, se. Entre los objetivos de la trama se encontraba Beatriz Biedma, la magistrada que investiga al hermano de Pedro Sánchez, aunque el empresario no llegó a nombrarla de manera directa en su declaración. Según fuentes jurídicas, el antiguo mandatario del club pacense explicó que le ofrecieron ayuda legal a cambio de colaborar, una propuesta que admitió que «no terminó de creerse».

El empresario sevillano ha afirmado que Díez le trasladó que, cuando Sánchez «estuviese a punto de caer, hacia el 2031», sería el momento de sacar la «mierda» de la formación popular en Badajoz. Además, ha confirmado que fue él quien presentó a Díez al exjuez Luis José Sáenz de Tejada con el fin de localizar información comprometida contra jueces y fiscales pacenses.

Se estrecha el cerco sobre la megatrama de corrupción que asola al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Una nueva investigación sitúa al exmandatario socialista en el centro de una trama de blanqueo de capitales que habría movido toneladas de oro venezolano hacia Dubái a través de al menos 38 sociedades instrumentales. El material gráfico que circula en redes y que ha sido difundido por diversos medios muestra un diagrama detallado titulado «Zapatero se hace de oro», en el que el rostro del expresidente aparece como eje de una red compleja que conecta Venezuela, España, Rusia y los Emiratos Árabes.

Según las imágenes del vídeo, el esquema vincula a Rodríguez Zapatero con figuras como Hugo «Pollo» Carvajal, exjefe de los servicios de inteligencia chavistas; la exsenadora colombiana Piedad Córdoba; el juez Calama; el empresario venezolano Manuel Aarón Fajardo; y estructuras como la UDYCO (Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado), MIDVEN y otras entidades relacionadas con la minería aurífera venezolana. Flechas de colores ilustran el flujo del oro extraído en Venezuela —representado con picos mineros y lingotes— que, tras pasar por intermediarios y sociedades pantalla, acabaría blanqueado en Dubái.
El vídeo también recuerda declaraciones del propio Zapatero en las que afirma que «ser socialista es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho», contraste que ha generado una oleada de críticas en redes sociales por la aparente contradicción entre su discurso público y las acusaciones de enriquecimiento a través de operaciones opacas con el oro del régimen de Maduro.

Fuentes cercanas a la investigación aseguran que el oro venezolano, extraído de manera irregular y controlado por estructuras chavistas, habría sido canalizado mediante una red de empresas fantasma para su posterior venta y blanqueo en el mercado internacional, con Dubái como destino final. El expresidente figura en el centro del diagrama, con conexiones directas hacia varios de estos nodos.

El caso ha reavivado el debate sobre las relaciones de Zapatero con el chavismo desde que abandonó la Moncloa y ha provocado un aluvión de reacciones políticas.

Por el momento, ni el expresidente ni su entorno han emitido declaraciones oficiales sobre las nuevas acusaciones. La investigación, sin embargo, parece estar avanzando rápidamente y el cerco judicial y mediático sobre Rodríguez Zapatero se estrecha por momentos.